Gustavo Javier Beltrán fue dado de baja como jefe de la Unidad Regional Norte y ahora está imputado por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como falsificación de instrumento público.
El ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán, fue acusado formalmente por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como falsificación de instrumento público, en el marco de la causa donde es investigado –junto a otros dos policías- por el traslado de detenidos para realizar trabajos de albañilería en la que sería su casa de El Cadillal. Tras ser expulsado de la fuerza, los investigadores solicitaron prisión preventiva.
En la audiencia de formulación de cargos, realizada hoy a pedido del Ministerio Público Fiscal, imputó a Beltrán por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como falsificación de instrumento público (como autor y coautor). La Unidad de Delitos Complejos del MPF solicitó la prisión preventiva para el acusado.
Los otros dos imputados, un sargento y un cabo (ambos de 45 años), enfrentan cargos por peculado (como partícipes secundarios) en concurso real con falsificación de instrumento público (como coautores).
El fiscal Federico Lizarraga detalló las evidencias, que incluyen un llamado anónimo, el secuestro de dispositivos móviles, un DVR y una camioneta Hilux gris de la policía en la propiedad en construcción de Beltrán en El Cadillal.
En el marco de la audiencia, además, se mencionaron también las tareas realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la división de Delitos Telemáticos.
Un problema de salud de uno de los imputados motivó la interrupción de la audiencia; la segunda parte, donde se definirán las medidas de coerción, fue postergada para el viernes.
El Ministerio Público Fiscal planteó que la investigación reveló que durante dos meses, Beltrán, sin autorización judicial ni comunicación a las autoridades, dispuso el traslado de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha (tres de ellos) y Choromoro (el restante) a las dependencias de la URN en Tafí Viejo, sin registrar los movimientos en los libros oficiales.
“El propósito era utilizarlos como mano de obra en beneficio propio”, dicen los fiscales, y sostienen que el 11 de noviembre, Beltrán, en complicidad con el sargento y el cabo, falsificó el libro de guardia al indicar que dos detenidos condenados por abuso sexual (de 45 y 47 años) serían trasladados a la comisaría de Chuscha. En realidad, la camioneta se dirigió a la propiedad de Beltrán en El Cadillal, donde los presos realizaron trabajos de albañilería.