Diego Zurita, perito del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), explicó cómo es la labor para identificar a los detenidos desaparecidos a partir del material genético y restos óseos hallados en la mayor fosa común del país. “Todavía falta mucho por hacer, se ha hecho muchísimo pero es poquísimo en relación al daño que se le ha producido”, afirmó.
“Cada vez que hay un identificación nueva es una felicidad”, aseguró Diego Zurita, perito del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), en FM La Tucumana 95.9, luego de que días atrás se confirmó la identificación de los restos de René Salustiano Ruiz en el Pozo de Vargas: se trata de la víctima Nº120 de la dictadura cívico militar cuyos restos se confirma que fueron arrojados a la fosa común más grande del país. “La dictadura fue una gran estafa, un gran robo a Tucumán”, manifestó, y denunció que “en Tucumán el Ejército mostró sus políticas necrológicas“.
“El Pozo de Vargas fue parte de un centro clandestino de 3×40 metros, utilizado para arrojar gente durante tres años seguidos. Desde el ‘75, en el Operativo Independencia, hasta el ’77. Se recuperaron 149 perfiles genéticos, restos esqueletarios. Este es el 119 o 120 identificado, según cómo se vea; falta menos, seguimos trabajando a pesar de todo”, remarcó Zurita en diálogo con Gabriel Sanzano y Franco Carletto en La Tucumana de Verano.
¿Por qué 119 o 120? Zurita detalló: “Hay casos de hermanos gemelos o padre e hijo en el que la identificación, el nivel de precisión de ADN, con las pocas muestras que hay, dificulta mucho diferenciar nominalmente uno u otro. Por eso se habla de 119 o 120”.
“Dentro del universo de los secuestrados, torturados y arrojados al interior del Pozo de Vargas, hay casos de gemelos y de padre e hijo, que hace difícil por la tecnología disponible diferenciarlos con precisión”, aclaró.
Sobre la labor desarrollada por CAMIT, explicó: “Todavía falta un montón por hacer, por más que se cree que se ha hecho mucho, es poquísimo en relación al daño que se le ha producido a Tucumán”.
Sobre la restitución de René Salustiano Ruiz, recordó que “Caspichango fue la zona elegida por el Ejército para mostrar sus políticas necrológicas: sistemas represivos, de tortura, de secuestro”.
“Era parte de un sistema de propaganda que tenía el Batallón 601 del Ejército para mostrar a ejércitos extranjeros y poderes políticos extranjeros como parte del laboratorio que se empezó a vender y practicar en Tucumán. (Las víctimas) perdieron hasta las tierras que tenían, esa injusticia sigue impune, no ha sido debidamente visto por la Justicia”, alertó.
En ese marco, consideró que “es importante que atrás de los testimonios haya equipos científicos acompañando” porque “es una construcción colectiva para buscar reparación y justicia”.
“Lo que sucede en este tipo de investigaciones y trabajos es un reflejo de lo que pasa en la política nacional, provincial y municipal: va a responder a lo que está pasando, se refleja en el trabajo. Cada vez hay menos disponibilidad para llevar adelante trabajos arqueológicos, en este momento se está viviendo un impás”, planteó.
En ese contexto, subrayó que hoy “todas las fuerzas alrededor de la investigación de todo lo que pasó durante la dictadura en estos momentos estamos en el camino de la difusión”, y recalcó que “de nada sirve encontrar algo si no se lo conoce y no se conocen los porqué”.
“Si la gente de Tucumán supiera todo lo que se ha perdido en base a las políticas necrológicas que se implementaron en Tucumán entre los 60-70 y 80 sería algo como una bomba nuclear. Mucha gente ha sufrido: la dictadura fue una gran estafa, un gran robo a Tucumán”, sentenció.
Finalmente, Zurita condenó la decisión de “destruir la industria azucarera, la primera industria pesada de la República Argentina”, y expuso las diferencias entre las dos dictaduras que tanto golpearon a nuestra provincia.
“Las dos dictaduras, que son una sola, si diferencian porque en el 76 ya habían tomado la decisión de matar y como en el caso de Tucumán ya en el 75 habían creado centros clandestinos, campos de concentración y lugares de exterminio. Esa es la diferencia entre una y otra”, remató.
Para culminar la entrevista, detalló cómo es la labor del CAMIT para restituir la identidad de las víctimas del terror: “Recuperamos restos materiales y esqueléticos, que se mandan los materiales al Equipo Argentino de Antropología Forense. Las muestras se mandan a Córdoba o Estados Unidos y se cruzan con la base de datos del EAAF, y a medida que coinciden se van informando a familiares, primeras personas en enterarse porque dieron la muestra de sangre”, precisó.
A ello siguen los “pasos de la Justicia, actas con permiso para traslado de materiales para enterramiento o ser llevados a lugar de destino, como cementerio”, y aclaró que “la familia pide a la Justicia la restitución, y la Justicia tramita ese paso”. ”Acompañamos este proceso hasta el enterramiento o el lugar que la familia decide darnos”, concluyó.