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La Auditoría General de la Nación denunció a Laura Alonso

La Auditoria General de la Nación (AGN) denunció a la Oficina Anticorrupción (OA) por “su conducta reticente” para entregar la información y documentación que le solicitó para poder hacer un análisis de su desempeño. El organismo encargado de ejercer el control externo de las reparticiones públicas presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo donde señaló que la OA, a cargo de Laura Alonso, incumplió a lo largo de nueve meses con su obligación de responder a sus requerimientos más elementales. “Resultan inaceptables las numerosas excusas que bajo apariencia de impedimentos ha esgrimido la OA para negarse a suministrar la información”, dice la presentación, que apunta a conseguir una intimación judicial, que si sigue sin ser acatada derivará en una denuncia penal. El texto relata con detalle cada respuesta insólita de la dependencia, que en teoría debería ser paradigma de transparencia. Además de retacear papeles y archivos informáticos se negó a habilitar un lugar para que los auditores trabajen en sus oficinas, como lo hacen en todos los casos. “En los tres años que llevo en la AGN nunca me pasó una cosas así”, dijo a Oscar Lamberto, titular de la Auditoría.

La OA, que tiene la doble función de controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de impulsar investigaciones sobre corrupción, nunca antes había sido auditada. La evaluación fue aprobada por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso –que es la que instruye a la AGN– como parte del Plan Operativo Anual 2018 y debe analizar en desempeño del organismo: sus funciones, acciones y el respaldo documental de todo. Antes de iniciar la auditoría propiamente, existe una etapa de “análisis preliminar” que en este caso aún no se pudo superar. ¿Qué es lo que la OA se niega a entregar? El listado de sus manuales de procedimiento, guías de trabajo y las listas de denuncias presentadas ante la justicia, las denuncias recibidas y su estado actual. “De permitirse la negativa de proveer acceso a la información (…) se estaría impidiendo que la AGN cumpla con las funciones que la Constitución le otorga. Asimismo se obstruiría la posibilidad de que la sociedad civil ejerza un control efectivo sobre la acción estatal; y se dificultaría la función de Control Externo del sector Público Nacional a cargo del Poder Legislativo…”, dice la demanda que le tocó al juez Enrique Lavié Pico, que fue revelada por los periodistas Juan Amorín y Ariel Zak en C5N y el portal Cenital.

Alonso acumula otras denuncias. La más reciente, a partir de una denuncia de la diputada Gabriela Cerruti, y con impulso del fiscal Ramiro González, es por haber admitido que la OA no se presenta como querellante en causas contra funcionarios de Macri. Alonso dijo en una entrevista con Luis Majul: “Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas porque para que me acusen de encubridora o de ir a embarrar las causas de la corrupción (mejor) que la lleven adelante los jueces fiscales”. La auditoría es anterior a estos dichos, de abril de este año, pero muestra las preferencias de la OA a la hora de investigar. Otra denuncia penal contra Alonso, puso la lupa en la contratación por parte de la OA de una consultora llamada Consuasor (vinculada al PRO), cuyos dueños –Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice– fueron contratados en forma personal supuestamente para camuflar un vínculo comercial no registrado. También tuvieron contratos en los ministerios de Trabajo, Justicia, Medio Ambiente, Defensa, con el senador Federico Pinedo y con el Gobierno de Salta.

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