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Los pueblos originarios brasileños ya advierten el fascismo de Bolsonaro

Los conflictos relacionados con la posesión de la tierra y el medio ambiente hacen que Brasil lidere el ranking mundial de asesinatos de líderes indígenas y activistas ecologistas: en 2017 Brasil sumó 57 asesinatos por estas cuestiones.

Grupos de pueblos originarios brasileños han demostrado en los últimos días preocupación por recientes medidas tomadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro, como vaciar de competencias a la Fundación Nacional del Indio (Funai), el órgano estatal que gestiona las cuestiones de ese sector de la población.

En una entrevista con Sputnik, el líder indígena Itahú Ka”apor expresó su temor ante un aumento de las incursiones de empresas mineras y hacenderos en sus tierras: “Todas las agresiones que venimos sufriendo desde siempre aumentarán, por eso es más importante que nunca la fuerza del pueblo en su territorio”.

Los más de 1.700 indígenas de la etnia Ka”apor viven en el interior del estado brasileño de Maranhão (norte), en una zona reconocida y protegida por el Estado brasileño desde 1982 y que es una especie de isla de selva preservada en medio de enormes superficies de pastos para el ganado.

La Funai estaba adscrita al ministerio de Justicia y se encargaba de reconocer, delimitar y proteger los territorios históricamente poblados por indígenas, pero ahora esos poderes pasaron al ministerio de Agricultura, cuya ministra, Tereza Cristina da Costa, representó durante años al lobby de los grandes terratenientes ruralistas en el Congreso Nacional.

En la actualidad, se estaban tramitando 130 procesos de demarcación de tierras, pero los indígenas temen que queden congelados para siempre, siguiendo la promesa de Bolsonaro, que durante la campaña aseguró que no dedicaría “ni un centímetro más” a estas reservas protegidas, porque en su opinión, son un obstáculo para el progreso económico.

Algunos de los líderes indígenas más destacados del país, como Sonia Guajajara, quien que fue candidata a la vicepresidencia en las pasadas elecciones con el Partido Socialismo y Libertad, creen que el discurso del Gobierno de Bolsonaro ya está dando legitimidad al aumento de agresiones.

Este fin de semana, más de 200 personas invadieron la tierra indígena de Uru-eu-wau-wau en el estado de Rondônia, alegando que la orden vino de “fuera” y aseguraron que el campamento ilegal aumentaría en los próximos días; pocos días antes, madereros también tomaron la tierra indígena Arara, en el estado de Pará.

Para Guajajara, estas agresiones están directamente relacionadas con el discurso del nuevo Gobierno: “No podemos esperar a que la política “bolsonarista” que predica odio, invasión e intolerancia se convierta en una tragedia general”, advertía en Twitter.

Por el momento, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que reúne a la mayoría de grupos indígenas del país, presentó un recurso ante la Procuradoría General de la República para que la Funai recupere sus competencias, y prepara movilizaciones a nivel nacional.

La asociación recuerda que los conflictos relacionados con la posesión de la tierra y el medio ambiente hacen que Brasil lidere el ranking mundial de asesinatos de líderes indígenas y activistas ecologistas; según la ONG británica Global Witness, en 2017 Brasil sumó 57 asesinatos por estas cuestiones.

La portavoz de la ONG Survival Internacional, Sarah Shenker, explicó a Sputnik que la decisión de prácticamente desactivar la Funai y paralizar las demarcaciones aumentará los conflictos, porque generará un vacío legal y tendrá consecuencias especialmente graves para los pueblos no contactados.

“Si esas tierras no se protegen será una catástrofe; para los pueblos aislados será un genocidio, porque son los pueblos más vulnerables del planeta, pueden ser diezmados si no se protegen sus tierras”, afirmó.

Según datos de la propia Funai del año pasado, en Brasil hay registros de al menos 114 pueblos aislados, de los cuales 27 estarían en peligro por encontrarse en zonas con proyectos de obras de infraestructura, sobre todo presas hidroeléctricas y líneas de transmisión de energía.

En una entrevista concedida la semana pasada al diario O Globo, el nuevo ministro de Medio Ambiente, se mostró favorable a rebajar el nivel de protección de determinadas unidades de conservación para facilitar la actividad económica y habló incluso de la posibilidad de construir líneas de tren y de energía dentro de zonas ya protegidas. (Sputnik)

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