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Interponen una cautelar para que Manzur no venda el 10% del Banco del Tucumán

El legislador radical Eudoro Araoz, se presentó el viernes último en los Tribunales Penales de avenida Sarmiento al 400, para interponer una denuncia contra el gobernador de la provincia, Juan Manzur, y parte de su gabinete, por la “probable e inminente” comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de un funcionario público” y “fraude en perjuicio de la Administración Pública”, por la venta del paquete de acciones del Banco del Tucumán al Grupo Macro.

El 19 de junio, la Legislatura provincial aprobó un proyecto presentado por el gobernador y su ministro de Economía, Eduardo Garvich, que faculta al Poder Ejecutivo a vender el porcentaje del Banco del Tucumán que aún está en manos de la provincia. Se trata del 10% del total de esa entidad que serían transferidos al Grupo Macro por un monto aproximado de $456 millones.

En los considerandos de la presentación, Araoz argumenta que el proyecto se presentó “sin causa o petición” que lo justifique y sin ningún “sustento documental ni estudio financiero o contable” que lo avale, y que viola la ley de administración financiera (6970) y la ley 6763 que declara sujeto a privatización hasta el 75% del paquete de acciones del Banco del Tucumán. En rigor, sostiene, de concretarse la transacción, el gobernador estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionario público y estaría generando un perjuicio a las arcas públicas.

Según consigna la presentación, el valor por el cual el Banco Macro se apropiará de las acciones son al menos 3 veces menores al valor real de mercado, el cual estiman en $1600 millones, generando entonces un perjuicio al erario superior a los $1000 millones.

Al mismo tiempo, denuncia que la renovación del vínculo entre el Estado y el Banco del Tucumán, para que la entidad bancaria continúe siendo agente financiero de la provincia por 10 años más, comprendido en el mismo proyecto aprobado en junio, atenta contra la Constitución Provincial puesto que se realizaría de manera directa y obviando la licitación pública. “El artículo 12 de la CP establece que toda enajenación de bienes fiscales y cualquier otro contrato susceptible de licitación, deberá hacerse precisamente de esta forma, salvo que la Legislatura declare lo contrario por razones especiales reclamadas para el bien público. En este caso no existe -ni se ha explicitado- ninguna razón de bien público que autorice apartarse de la licitación pública”, argumenta el texto.

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