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Sostienen que el tráfico de drogas en la cárcel fue el móvil de un crimen

Fernando Medina fue asesinado en el patio del penal de Villa Urquiza el 22 de noviembre de 2017. En un primer momento, se pensó había sido una pelea más entre dos reclusos. Pero con el correr de los días, se fueron descubriendo tenebrosos detalles de un caso que podría haber inspirado a un guionista de una película o una serie que gire en torno al oscuro mundo de las prisiones donde la vida no vale nada y el tráfico de drogas es una actividad tan común como el intercambio de alimentos. La fiscala Adriana Giannoni pidió que se enjuicie al autor del hecho, a tres miembros del servicio penitenciario a los que consideró coautores, a otros tres funcionarios por no haber evitado al hecho y aún espera que se defina si un juez debe ser investigado por este caso. Uno de los imputados, que podría ser condenado a prisión perpetua, ocupa un cargo de jefe en la cárcel de Villa Urquiza.

 

1- El inicio de una cruenta historia

Medina tenía 25 años. Estaba en el penal cumpliendo una condena de cinco años y seis meses por un robo. Estaba cerca de cumplir la mitad de la pena. En agosto de 2018 no aguantó más. Le había contado a su mujer que su vida en presión se había transformado en un infierno desde que les había dicho a los guardias que no quería vender más drogas para ellos.

TESTIGO CLAVE. Fernando Medina denunció la venta de drogas.

Por los castigos físicos y psicológicos que sufría, se presentó en la fiscalía que conduce María del Carmen Reuter y contó lo que estaba viviendo. La investigadora envió el expediente al juez de Ejecución Roberto Guyot, quien dispuso que Medina y Pablo Torres Sosa, otro reo que pasaba por la misma situación, fuesen trasladados a la seccional 7ª por cuestiones de seguridad. Estando en ese lugar, ambos detenidos ratificaron y ampliaron su denuncia en la Justicia Federal por el tráfico de drogas en el interior del penal.

 

2- Una denuncia grave y concreta

Medina y Torres Sosa a partir de agosto fueron transformándose en testigos clave de una denuncia por venta de marihuana, cocaína y psicotrópicos en el penal. Señalaron que eran los guardias los que les entregaban los estupefacientes para que los comercializaran entre sus compañeros.

Los internos que se transformaban en transas, además de una paga (normalmente era el 10% del total de la venta), recibían mejoras en las notas de conducta y, obviamente, recibían una protección especial. “Imagínese lo que puede llegar a vivir un preso que tiene droga para vender y dinero de la venta si no es protegido en ese infierno”, explicó un recluso cuyo nombre se mantiene en reserva.

ESPERA. El juez Roberto Guyot quedó en la mira.

La víctima del crimen se preocupó muy bien en tomar todos los recaudos. Además de denunciar por escrito lo que estaba viviendo, en una oportunidad le mostró al juez Guyot todas las dosis que tenía para comercializar entre sus compañeros. También le contó a su esposa, Ana Silva, todos los detalles del trabajo que realizaba. En esta causa, la mujer identificó a tres personas del servicio penitenciario como responsables en el negocio: Walter Antonio Vallejo (condenado a 11 años de prisión la semana pasada por la Justicia Federal por haber intentado ingresar sustancias en la cárcel), Claudio González (que estuvo mencionado en el juicio) y Sergio Walter Patto.

3- Un problema que cumple cuatro años

“Luego de estar un año aproximadamente en el penal, él no me quería decir nada, pero yo empecé a sospechar”, aseguró Silva, la esposa de Medina. “Cada vez que lo visitaba los domingos, me daba plata para entregarle al comisario Patto”, agregó.

La mujer aclaró que después de salir del penal le llevaba el dinero al comisario del servicio penitenciario. “Hacía la entrega como a las 19 en la esquina el parque 9 de Julio y la Terminal de Ómnibus. Algunas veces me daba $18.000 y otras veces más, nunca menos que eso. Los miércoles le entregaban la droga”, relató cuando declaró ante la fiscala Giannoni.

“El empleado que le daba la droga era el oficial Vallejo y cuando mi marido se quiso abrir del negocio, comenzaron las amenazas, sobre todo contra mi persona. Le decían que me iban a poner cosas cuando yo vaya a la vista. Yo era lo único que él tenía. Los miércoles iba sola y los domingos con mi hijita. Vallejo y González eran los que más lo amenazaban”, indicó la mujer en tribunales.

4- Un traslado ilegal y tortuoso

Medina y Torres Sosa, por cuestiones de seguridad, fueron alojados en la seccional 7ª después de que realizaran la grave denuncia en contra del personal del sistema penitenciario. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2017, un grupo los trasladó nuevamente al penal de Villa Urquiza sin autorización judicial y de manera irregular.

Según las actuaciones que realizaron, los reos protagonizaron serios incidentes después de que se les encontrara un cuchillo y un teléfono celular. Por esa falta, considerada grave, dijeron que con autorización judicial los llevaron nuevamente a la cárcel. Pero la investigación judicial no sólo derribó esa hipótesis, sino que se demostró que los implicados mintieron al realizar las actuaciones del caso.

La fiscala Adriana Giannoni.

Por ejemplo, el personal policial de la dependencia desmintió que Medina y Torres hayan producido incidentes durante ese día y, para demostrar sus dichos, presentaron el libro de novedades donde no consta ningún tipo de problemas y que el día había transcurrido sin ningún sobresalto.

Los compañeros de encierro de los dos testigos claves reconocieron que hubo una requisa ese domingo al mediodía y el secuestro de esos dos elementos. Braian Acevedo, que estaba alojado en esa dependencia, dijo ser el propietario del teléfono, pero explicó que no tomaron ninguna medida disciplinaria en su contra. Los otros reos informaron que a Medina y a Torres Sosa los separaron de los otros detenidos y que les propinaron una feroz golpiza. Las huellas del castigo físico fueron confirmadas cuando se le realizó la autopsia a la víctima.

Por la fiscalía de Giannoni desfilaron varios empleados y funcionarios del juzgado de Ejecución de Guyot y todos fueron coincidentes: nadie ordenó que los dos reos fueran enviados de regreso al penal de Villa Urquiza. Incluso, varios de ellos se negaron a dar el ok porque sabían que se trataba de detenidos que estaban allí por cuestiones de seguridad.

5- Crónica de una muerte anunciada

Medina y Torres Sosa llegaron ese mismo domingo 19 de noviembre al penal de Villa Urquiza. Pese a que había una orden judicial de brindarle protección, los ubicaron junto a los otros reos y en las unidades en que se desempeñaban los guardias a los que habían denunciado. Medina al día siguiente le avisó a su esposa lo que había pasado y que hiciera todo lo posible para que lo sacaran de allí, ya que sabía que su vida corría peligro. Mientras estuvo con vida en la cárcel, el reo fue brutalmente castigado por los guardias. Este dato surge de la autopsia que se le realizó: su cuerpo presentaba lesiones que no habían sido detectadas por el personal médico del penal que lo revisaron cuando ingresó. Mientras tanto, el reo realizaba personalmente y de manera desesperada gestiones para ser trasladado nuevamente a un lugar seguro. Escribió en un papel un pedido al juez Guyot para que lo sacaran de allí. Pero todo fue en vano: terminó siendo asesinado el miércoles 22 de noviembre en el patio de la prisión.

6- El homicida, un “cabeza de hierro”

Sebastián “Pichi” Mendoza fue el autor del homicidio de Medina. En la cárcel lo conocen por ser un “cabeza de hierro”, es decir, un interno que es capaz de hacer cualquier cosa por cambio de favores o de drogas. “Era el asesino perfecto”, dijeron los pesquisas.

El acusado de 23 años, fue condenado en marzo de 2016 a cumplir una pena de 18 por haber asesinado en marzo 2014 a Melanie Eliane Williams cuando intentó robarle el celular. El día anterior al crimen, “Pichi” mantuvo otra feroz pelea con otro interno y, en vez de aplicarle algún tipo de sanción disciplinaria, fue trasladado a la misma unidad que Medina. Los testigos coincidieron en señalar que el acusado fue hasta un lugar del patio donde sacó una faca con la que hirió mortalmente a Medina.

En un primer momento, según lo expresado por la fiscala Giannoni, los funcionarios del servicio penitenciario intentaron hacer creer que se había tratado de otra pelea entre internos, pero esa teoría quedó totalmente descartada con el avance de la investigación.

7- La dura hipótesis de la fiscal

La fiscala Giannoni elaboró una hipótesis sobre el caso al solicitar que la causa sea elevada a juicio. La primera conclusión a la que llego la fiscala fue que el crimen fue planificado y que varias personas cumplieron diferentes roles para cometerlo. Para ella Mendoza fue el autor del hecho y por eso le imputó el delito de homicidio agravado por ser premeditado y por haber sido cometido por más de dos personas, pero dejó en claro que lo hizo por pedido de funcionarios del servicio penitenciario.

La teoría que se puede leer en el requerimiento es que Patto y González, en complicidad con José Cisterna, trasladaron ilegalmente y sin razón alguna a Medina y a Torres Sosa al penal para que fuera asesinado por Mendoza por la denuncia que había realizado por la venta de drogas. Por ese motivo, los consideró coautores del homicidio y les agravó la imputación por ser funcionarios del servicio penitenciario.

La fiscala también imputó al ex director general Guillermo Snaider, a Víctor Casasola y a Enrique Núñez por desobediencia judicial (no cumplieron con la orden de proteger a Medina) y por incumplimiento de los deberes de funcionario público (no tomaron las medidas necesarias para evitar el homicidio del recluso).

De los seis acusados, González es el único que sigue en actividad. Según las fuentes consultadas, González es el director de la Unidad 1 de la cárcel, donde la víctima del homicidio denunció que vendían drogas.

8- El juez Guyot no fue investigado

En esta causa no se pudo determinar aún si el juez Guyot tuvo alguna participación en el crimen de Medina. La fiscala sospechó que sí y por ello solicitó una investigación jurisdiccional en su contra, pero el planteo fue rechazado por la jueza Carolina Ballesteros. Este fallo fue apelado por la titular de la fiscalía de Homicidios, aunque hasta ahora la Cámara de Apelaciones no resolvió el asunto.

Al magistrado, que está afrontando un pedido de juicio político en su contra iniciado por la Corte Suprema de Justicia, se le cuestiona no haber protegido a Medina los días previos a que fuera asesinado, ya que el mismo interno y sus familiares realizaron varios trámites para que no fuera enjuiciado. Los parientes del reo asesinado también dijeron que él hasta le había mostrado una bolsa con droga que le habían entregado los guardias del penal. Si la Cámara revoca el fallo de Ballesteros, la Justicia deberá investigarlo, pero si lo mantiene, se archivará.

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